El matrimonio de personas del mismo sexo

 

Publicado: Julio 2010

Autor: Dr. Leonardo J. Glikin

 

 

“Yo no sería socio de un club que me aceptara como socio” (Groucho Marx)

 

La sociedad argentina ha asistido a un debate histórico, en el que se han alineado en cada bando, prácticamente los mismos sectores que en 1987 se enfrentaron en relación al divorcio vincular: por un lado, los que consideran que el matrimonio es una institución creada para la reproducción biológica (y, volviendo al debate de 1987, para toda la vida); por otro lado, quienes consideran que el matrimonio es un contrato entre dos, para darle sustento legal a la convivencia y al amor.

 

Si fuéramos consecuentes con la primera postura, habría que prohibir los matrimonios de todo aquel que no estuviera en edad, o en condiciones, de tener hijos biológicos. Indirectamente, este argumento lleva a una discriminación prohibida por nuestra Constitución, ya que los hijos adoptivos tienen el mismo rango constitucional que los biológicos, pero no requieren las mismas aptitudes físicas para tenerlos.

Por lo cual, solamente con hacer más abarcativa la primera postura incluyendo a los hijos adoptivos, llegaríamos a la aceptación del matrimonio de personas del mismo sexo.

Sin embargo, y más allá de todos los condimentos morales e ideológicos que le queramos agregar, el matrimonio es, efectivamente, un contrato, que trae aparejadas reglas, tanto para la vida en pareja, como para el proceso de finalización del vínculo.

 

Y ahí nos encontramos con una paradoja: muchas, muchísimas personas, en condiciones legales de casarse (porque lo harían con una persona de otro sexo que no tiene actualmente un matrimonio vigente), no están dispuestas a hacerlo. Prefieren una convivencia “sin papeles”.

 

Y muchos que se casaron en el pasado, están arrepentidos de haberlo hecho.

Remarco, están arrepentidos de haberse casado, más allá de sus conflictos (presentes, pasados, o futuros) con su cónyuge: simplemente sienten que la institución del matrimonio, tal como está concebida en nuestra ley, no les resulta funcional para su vida, y, en particular, para el manejo de su patrimonio.

Es decir que, hasta hace sólo unos días, el matrimonio aparecía como una reivindicación para quienes lo tenían prohibido por la ley, pero es una institución en decadencia para quienes la tienen permitida.

 

Veamos: tenemos un régimen único de sociedad conyugal. Esto significa que todos los bienes que se adquieran a partir del día de la celebración del matrimonio (con excepción de los que se reciban luego por herencia, por legado o por donación) se van a considerar bienes gananciales.

Nada incide, en esa consideración, si los bienes fueron adquiridos como consecuencia del prestigio, las relaciones, la capacidad profesional extraordinaria, el éxito artístico que viene de años atrás, de uno de los cónyuges.

 

Si alguno de ellos tiene un patrimonio significativo (y en crecimiento, como puede ser el valor de las acciones de una empresa) sus frutos -es decir, los dividendos de las acciones, las rentas de los inmuebles, las nuevas vaquillonas que nacen en el campo- son gananciales, y, por lo tanto, objeto de división al momento del divorcio.

A su vez, una paradoja del sistema consiste en que, mientras las personas están casadas y unidas, pueden manejar por separado sus “masas de gananciales” (es decir, los bienes que van adquiriendo durante el matrimonio, y el dinero que ganan), pero, al finalizar el matrimonio, es decir, cuando las personas se separan, esas masas se unen, para conformar un solo “paquete”, que es lo que deberá ser dividido, en un acuerdo entre las partes, o por decisión del Juez.

 

A diferencia de Estados Unidos, de España o de Paraguay, no tenemos convenciones prenupciales que permitan establecer un régimen diferente para el manejo de los bienes de la pareja. A su vez, el manejo del patrimonio, en relación a la herencia, da escaso margen para la decisión de cada uno, lo que resulta especialmente delicado cuando una persona que tiene un solo hijo se casa, ya que, a partir de ese momento, quien era su único heredero pasa a tener un co-heredero por igual proporción, aunque los bienes sean anteriores al matrimonio, ya que el cónyuge hereda, respecto de los bienes propios, como si fuera un hijo más.

 

Podríamos considerar que, quienes hoy han logrado entrar a este club cuya entrada les resultaba prohibida, mañana van a tratar de modificar los estatutos (es decir, el régimen que rige las relaciones durante el matrimonio y el divorcio), que no reflejan las diferentes situaciones económicas, y las distintas realidades familiares de las parejas.

Nuestro régimen del patrimonio proviene del siglo XIX, cuando todavía no existía el divorcio vincular, ni la expectativa de vida más allá de los 80 años, ni los sitios de Internet para conocer personas, ni el Viagra…

 

Frente a una ley inflexible, quienes tienen un patrimonio significativo toman dos caminos: por una parte, no casarse; por la otra, tratar de evadir las consecuencias del régimen, mediante la inversión en el exterior, en cuentas secretas, lo que, de paso, implica en general evitar el pago de impuestos en la Argentina.

 

En síntesis: sería bueno que, ahora que aquellos que no eran aceptados en el club han sido finalmente recibidos, pensemos en una “reforma de estatutos” que nos permita a todos elegir un régimen legal para vivir mejor, sea cual fuere la orientación sexual.